El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a declaración pública del exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, quien aseguró que La Moneda tenía conocimiento de los convenios con la fundación Democracia Viva antes de que saliera a la luz el caso el pasado 16 de junio.

“Hay que distinguir aquellas situaciones que son de público conocimiento, de aquellas opiniones respecto a los involucrados que usan esas declaraciones como parte de sus estrategias de defensa”, dijo en entrevista transmitida por Mesa Central, en Canal 13. En este sentido, insistió en que no hay registros de que la Presidencia haya recibido este documento.

El ministro explicó que “el caso estalla en pleno levantamiento de esta información, por lo demás esto es de público conocimiento". Por lo tanto, hizo énfasis en las siguientes interrogantes: ¿Estaba la denuncia realizada por la asociación de funcionarios? Sí; ¿Había sido remitido a las autoridades respectivas? Sí; ¿Se requirieron los informes por parte de las autoridades correspondientes? Sí; ¿La institucionalidad del Ministerio de Vivienda estaba funcionando? La respuesta es sí”.

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En cuanto al allanamiento de las oficinas del Ministerio de Vivienda, señaló que “lo relevante es tener el trazado completo de lo que sucedió en el programa de Asentamientos Precarios, que comprometen a contratos de esta administración y contratos de la administración anterior (…) Lo relevante es la actuación del Estado y su integridad respecto en situaciones que son inadmisibles… los delincuentes aprovechan y los corruptos también y lo que se puede hacer es cerrar esta brecha”.

Caso audios

Sobre la renuncia que solicitó el Registro Civil a un asesor jurídico de la institución, el ministro explicó que el funcionario declaró en la investigación y comunicó a su autoridad superior y “eso, en circunstancias donde está comprometida la fe pública, resulta en la opinión del Registro Civil inadmisible”.

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Bajo este contexto, hizo un balance general de estos casos que están sobre la mesa en el país: “Una cantidad de los casos de corrupción provienen de personas que tienen provecho indebido por parte del Estado y otros son facilitados a partir de capacidades inadecuadas instaladas en el Estado, como es el caso de los municipios; otro tiene que ver con las áreas sensibles de la economía, como es el caso audios que compromete la integridad pública, como el SII; y, en tercer lugar, relacionado con los volúmenes de contratos, recursos y mecanismos de transferencias que utiliza el Estado, como en el caso convenios”.

Frente a esto, Cordero señaló que esto es un ejemplo donde “la integridad pública, la privada y la profesión legal están en juego y esto puede afectar en los mercados”.